Todo estaba en los papeles

Después del mediodía, a la hora en que ya circulaba menos gente en los tribunales federales de Retiro, el segundo piso se quedó sin custodia. No había nadie en la silla tras el escritorio del medio del pasillo. El policía no había ido al baño ni a comprarse una gaseosa. Se lo habían llevado preso. Hasta ese día cuidaba las espaldas de la Cámara Federal, pero el hallazgo de antiguos documentos de la maquinaria burocrática de la Policía Federal reveló en detalle su participación en secuestros y asesinatos de la última dictadura. El relato lo hacía su propio jefe, para justificar en pleno terrorismo de Estado por qué quería premiarlo.

Jorge Alberto Blanco, así se llama el policía, era visto como un “viejito panzón” por los jueces que lo saludaban en forma cotidiana en el edificio de Comodoro Py. En 1977 lo ascendieron a cabo primero como reconocimiento por su intervención en “una serie de exitosos procedimientos contrasubversivos en los que se dieron muerte a varios terroristas de la B. D. S. Montoneros”, según se lee textual en el legajo. La semana pasada, el juez federal Manuel Blanco lo procesó con prisión preventiva junto otros cinco policías que formaban parte de la misma patota que operaba a través de la Delegación de la Federal en La Plata. Se trata de uno de los primeros resultados judiciales palpables de los hallazgos del Grupo Especial de relevamiento documental del Ministerio de Seguridad que revuelve y analiza los archivos de las fuerzas. El entrecruzamiento de datos con testigos y expedientes lo hizo la Unidad Fiscal de Derechos Humanos platense.

Blanco, suboficial mayor de la Federal, fue detenido el 25 de abril último en un procedimiento realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Otro de los policías arrestados, José Carlos Sánchez, también seguía trabajando hasta ahora en la fuerza. Prestaba servicios en Chascomús. Ambos quedaron procesados por homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, lesiones graves, tormentos y robo, junto con otros ex agentes ya retirados empezando por quien era el jefe de la Delegación de La Plata, el comisario Martín Eduardo Zuñiga, además del comisario inspector Rafael Romero, el suboficial mayor Horacio Ortiz y el cabo Roberto Gigli. Las referencias al papel de todos ellos en la represión ilegal estaban en el legajo de otro policía, el comisario inspector Emilio Alberto Rimoldi Fraga, quien no fue encontrado aún desde que se libró la orden de su detención un mes atrás.

 

Huellas en papel

Uno de los mecanismos administrativos rutinarios de la Policía consiste en dejar constancia en la primera parte del legajo de cada integrante de la fuerza de aquellos hechos que les hayan significado algún reconocimiento, desde una felicitación hasta un ascenso. El expediente completo se guarda en el legajo del policía de mayor jerarquía relacionado con los hechos en cuestión. Mientras revisaban los legajos del personal vinculado con la Superintendencia de Seguridad Federal, los especialistas del equipo del Ministerio de Seguridad encontraron varias felicitaciones similares que conducían al legajo de Rimoldi Fraga, donde apareció el relato pormenorizado de cómo fue “desmembrada” –según los términos policiales– la columna 27 de la organización Montoneros y los pedidos de ascenso y reconocimiento para los agentes que habían desplegado esa operación.

En los papeles amarillos se puede leer: “Una vez más nos hallamos ante una actuación encomiable, que caracteriza al personal de la Institución, consustanciados con los dignos y elevados preceptos del ser humano, que son el jugar con la vida ante intereses de libertad y paz para la Nación (…) observamos el profesionalismo puesto de manifiesto de todos los integrantes de todas las comisiones policiales que actuaron en los sucesos y el riezgo (sic) evidente que corrieron sus vidas ante la peligrosidad puesta de manifiesto por los delincuentes extremistas”. Con estos elogios se intentaba justificar ante la Dirección General de Interior los pedidos de ascenso “por actos de arrojo, abnegación, valor u otras calificaciones semejantes realizados con riesgo personal, real y evidente” para Blanco, Ortiz, Sánchez y Gigli y de una recompensa oficial para Rimoldi Fraga, Romero, Carlos Gómez y Adalberto Maciel (estos dos últimos fallecidos).

 

Crímenes y elogios

El primer informe “reservado” que firma Zuñiga, jefe de ese grupo, data del 14 de octubre de 1977 y dice: “Es de destacar la valiente y decidida actuación del personal de esta Delegación, así como la habilidad demostrada en el manejo de los distintos medios de inteligencia para lograr el fin ganado, ya que se demuestra fehacientemente la identificación y el alerta que se efectúa sobre la detención del D.S. ‘Negro Carlos’ que fue en síntesis con que se logró el éxito”. La sigla “D.S.” en la jerga dictatorial significaba “delincuente subversivo”; si decía “B.D.S.” era “banda de delincuentes subversivos”.

El Negro Carlos al que alude la descripción era Juan Carlos Rodríguez, estudiante de Ciencias Económicas, de Montoneros. La “valiente” actuación de la patota policial consistía en utilizar los datos que le habían arrancado en una sesión de tortura para rastrear y secuestrar a otros integrantes de la columna 27 de la agrupación. Así, fueron a una cita que Rodríguez tenía el 11 de octubre de 1977 a las 5.30 de la mañana en las calles 43 y 7 de La Plata con Tito, que era Juan José Libralato.

Según el relato del expediente de la Policía “con un solo disparo certero por parte del personal policial se logra herirlo y reducirlo (…) llevaba una pastilla de cianuro envuelta en papel metalizado y dentro de una pequeña caja de fósforos (…) a pesar de encontrarse herido el D.S. trató en un momento de ingerir dicha pastilla, lo que fue impedido”. Fue trasladado, dice el texto, “al égido (sic) de Capital Federal, (C.A.)”, una sigla que aludía al centro clandestino de detención Club Atlético. Antes de llevarlo lo sometieron a un “hábil y primario interrogatorio” bajo tortura para que dijera su domicilio. Allí se dirigió la patota en busca de su pareja, Adela Fonrouge. El reporte dice que como desde afuera la vieron correr dentro de la casa, “se procedió a irrumpir violentamente” hasta “lograr reducir a la mujer que se encontraba en una crisis nerviosa manándole sangre por la boca” y “se le inyectó el antídoto” por si había ingerido cinauro pero falleció “en el trayecto” supuestamente a un centro asistencial.

Libralato sigue desaparecido. El cuerpo de Adela estuvo enterrado como NN en el cementerio de La Plata durante 27 años. En diciembre de 2004 sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Los vecinos que declararon por la desaparición de Adela contaron que la noche previa a que se la llevaran había estado nerviosa porque su marido no llegaba, y que cuando la patota la sacó de su casa estaba muy mal, inconsciente o muerta. Su beba de seis meses, Julia, fue auxiliada por algunas de las personas del barrio y luego quedó bajo la guarda de sus abuelos. El expediente policial omite decir que en la casa había un bebé. Adela les había escrito un tiempo antes a sus suegros que esperaba un segundo hijo.

Con otros datos obtenidos al interrogar a Rodríguez, la banda de represores porteños que operaba en La Plata fue a buscar a una cita a Ceferino, que era Juan Oscar Cugura, a cargo de la columna 27 de Montoneros. Eran las 12.30. Intentaron cercarlo y llevárselo con vida, pero terminaron matándolo. Sus restos fueron hallados e identificados en el cementerio municipal. El trayecto de la patota, basado en información con la que contaban, siguió por la casa un carpintero apodado el Boliviano, que armaba “embutes” o “berretines”. El no estaba. Se llevaron a su mujer, Irma Guzmán de Arteaga, a quien ligaban con Montoneros. La llevaron al Atlético.

El 13 de octubre los policías acudieron a una cita que tenía Libralato en el estadio provincial de La Plata con una persona cuyo nombre de guerra era Jorge o La Chancha, el segundo de Cugura. Fue a plena luz del día. El hombre advirtió que lo seguían y empezó a correr. Le disparan en la cabeza y muere camino al hospital. Hasta ahora no se pudo establecer su identidad, aunque estaría sepultado en el cementerio municipal.

Por último, en base a todos los materiales que iban secuestrando en las distintas casas, los hombres de Zuñiga terminaron en la de Mauricio Mansilla, en Ringuelet. Los secuestradores estaban vestidos de civil, lo encapucharon, lo golpearon y lo metieron en una camioneta. Se comieron los alimentos que había en el domicilio y se llevaron dinero y un televisor. Mansilla fue entregado a autoridades de la subzona 113 y estuvo cautivo en el centro clandestino La Cacha.

 

Trabajo de hormiga

La búsqueda en los archivos de las fuerzas de seguridad es un trabajo de hormiga que hace el equipo de relevamiento documental del Ministerio de Seguridad, repartido en las tres fuerzas. “Se creó para aportar información en las causas de lesa humanidad y para contribuir con lo que se pueda al proceso de memoria, verdad y justicia. La búsqueda es minuciosa y complicada, pero hay algunos parámetros. Los sumarios por enfermedad, las bajas por incapacidad, las felicitaciones y ascensos (del período dictatorial) suelen aportar pistas importantes”, explica Natalia Federman, titular de la Dirección de Derechos Humanos de la cartera, donde funciona el grupo especializado en la búsqueda de documentos desde 2011.

Hasta ahora fueron enviados doce cuerpos de documentación a distintos juzgados y fiscalía. De ahí surgen nombres de integrantes de grupos de tareas que no estaban identificados hasta el momento por la reconstrucción basada, en esencia, en testimonios de sobrevivientes. Un trabajo muy similar se está realizando en el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, sobre los archivos de las Fuerzas Armadas. El rastreo ha permitido identificar más de mil represores que no estaban registrados como tales. Los efectos penales y las detenciones comienzan a hacerse realidad.

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