“Señores jueces: nunca más”

Señores jueces: nunca más

Por Pablo Parenti *

Por estos días no dejo de pensar que aquella frase con la que terminaba el alegato del fiscal en el histórico juicio a las juntas puede ser entendida de otra manera.
El avance de los juicios está permitiendo documentar cabalmente el rol del sistema judicial en el terrorismo de Estado. No sólo se está poniendo en crisis la idea de que el terrorismo de Estado fue sólo el poder militar (idea que todavía perdura), sino que empieza a derribarse el mito de que el Poder Judicial fue simplemente impotente frente a poder avasallador. Mito que no sólo es falaz, sino que es perverso en tanto trastoca los roles y pretende colocar en el lugar de víctimas a funcionarios que de diversos modos avalaron el terrorismo de Estado.

Si ya la CONADEP cuestionó duramente el rol del sistema judicial, hoy tenemos mayores evidencias sobre diversas formas de integración del sistema judicial al terrorismo de Estado en casi todo el país: rechazos masivos de hábeas corpus (más de 14.000 en Capital y provincia de Buenos Aires), muchas veces con costas, sistemática falta de investigación de hechos denunciados o evidentes (como el número de cadáveres “aparecidos” en las calles, convalidación de detenciones en condiciones inhumanas y tortura de presos a disposición de jueces, uso judicial de declaraciones bajo tortura, funcionarios judiciales que incluso participaron en torturas o visitaron lugares de detención clandestina; asesinato de presos “legales” en supuestos intentos de escape, sustracción de hijos de desaparecidos mediante trámites de adopción manipulado, miles de detenciones por decretos PEN en los que se renunció al control judicial (verdaderas penas sin juicio) y muchas otras variantes.
Esto no llama la atención si se repara en la historia del Poder Judicial en la convalidación de golpes de Estado, persecuciones y masacres (ejemplos: acordadas de 1930 y 1943; la Corte y el Procurador Soler decidiendo la competencia militar de la matanza de 1956 en José L. Suárez; el “Camarón” formado en 1971; el juez Quiroga y la Masacre de Trelew, etc.) , y en los “ajustes” que hizo la dictadura en el sistema judicial, sobre todo en el fuero penal. La dictadura hizo cesar en sus cargos a los jueces de la Corte y los tribunales superiores, puso en comisión a todos los jueces y decidió quiénes seguían, quiénes dejaban sus puestos y quiénes regresaban (varios se habían ido en 1973 durante el gobierno de Cámpora) o eran llamados para ocupar puestos clave. El Poder Jdicial de la dictadura fue un poder reconfigurado a su medida. Esto no implica igualar todas las situaciones, ni impide reconocer diferencias, muchas veces importantes (no todos los jueces actuaron igual y no todos estuvieron en puestos sensibles) y hasta encontrar actitudes encomiables, como la del juez Pagliere en el caso del abogado Carlos Moreno.

Seguramente tampoco fueron idénticas las motivaciones que llevaron a tantos funcionarios a adaptarse a las necesidades del régimen: algunos sin duda compartían su ideario, otros habrán preferido acomodarse y mantener sus puestos, en lugar de renunciar. Más allá de las diferenciaciones y matices, no es posible negar hoy que el sistema judicial fue una de las caras del terrorismo de Estado. Y esto no es privativo de Argentina. Hace pocos días escuché un fiscal brasileño decir que el Ministerio Público Fiscal de su país tenía que pedir perdón a las víctimas por haber convalidado las atrocidades de la dictadura.

Por todas estas cosas, no dejo de pensar que aquella frase (“Señores jueces: Nunca Más”) incluida en el alegato final del juicio a las juntas y leída por el fiscal -antes fiscal federal de la dictadura-, vuelve como un boomerang admonitorio: “Señores jueces –y señores fiscales-: Nunca Más!”.

* Coordinador de la Unidad Especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (Procuración General de la Nación).

Fuente: www.bae.com

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